La Audiencia Provincial de Cuenca acoge desde este este martes y este miércoles el juicio a once personas acusadas por la Fiscalía de participar en un sistema organizado de cultivo de marihuana en viviendas particulares, principalmente en Valera de Abajo y localidades próximas.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, fue uno de los acusados quien, “en fecha no determinada del año 2020, ideó un sistema para proceder a la plantación ilegal de marihuana en el interior de domicilios (cultivo indoor)”, contando para ello con la colaboración de otros implicados que actuaban como enlaces y supervisores de la actividad .
Siempre según la Fiscalía, el funcionamiento de este sistema consistía en captar a vecinos y familiares para instalar las plantaciones en sus viviendas, proporcionando el material necesario —desde focos y sistemas de ventilación hasta fertilizantes—, mientras que los propietarios se encargaban del cuidado y mantenimiento de las plantas. A cambio, percibían cantidades que “rondaban los 1.000-2.000 euros por cosecha, a razón de cuatro o cinco cosechas anuales” .
El escrito añade que otro de los acusados se ocupaba de la instalación eléctrica necesaria para el funcionamiento de los cultivos, “que incluía el enganche no autorizado a la red pública, cuestión ésta conocida y consentida por el resto de acusados” .
La investigación culminó, según detalla el Ministerio Fiscal, el 7 de diciembre de 2020, cuando se practicaron entradas y registros en varios inmuebles. En uno de los domicilios de Valera de Abajo se localizaron 444 plantas de marihuana junto a cogollos que sumaban 1.910 gramos de cannabis, mientras que en otro se intervinieron 511 plantas y más de cuatro kilos de sustancia. También se hallaron 235 plantas en una vivienda de Villaverde y Pasaconsol y 140 plantas en otro domicilio, además de material de cultivo, básculas de precisión, dinero y anotaciones relacionadas con la actividad .
En uno de los registros, recuerda el escrito de acusación, se encontraron también pequeñas cantidades de cocaína y útiles para su manipulación, así como, en una nave vinculada al principal acusado, “un rifle… con la numeración borrada… del que el acusado carecía de guía de pertenencia” .
El Ministerio Fiscal subraya igualmente que en todos los inmuebles inspeccionados se detectaron conexiones ilegales a la red eléctrica, con consumos no abonados que, según la compañía suministradora, alcanzan cifras de hasta casi 6.800 euros en algunos casos. Por este motivo, interesa indemnizaciones a Iberdrola por cantidades que oscilan entre los 1.600 y los 6.790 euros, en función de cada vivienda .
La Fiscalía califica estos hechos como constitutivos de delitos de “agrupación criminal”, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico, y solicita para el principal acusado penas que, en conjunto, superan los seis años de prisión, además de multas que alcanzan los 70.000 euros. Para el resto de implicados, plantea condenas de entre uno y un año y medio de prisión, junto con distintas sanciones económicas .
