El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido hoy al Gobierno central la creación de un grupo de trabajo «con calendario cerrado y presupuesto» para que las áreas poco pobladas de Cuenca, Soria y Teruel, así como zonas adyacentes a estas provincias, puedan acceder a las subvenciones correspondientes para las empresas ya establecidas, o para las compañías que quieran hacerlo en el futuro en estos territorios. Una medida que, tal y como ha celebrado, cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea.
Así lo ha explicado hoy el presidente del Ejecutivo regional desde Albarracín (Teruel), donde ha participado junto al presidente de Aragón, Javier Lambán, y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en una reunión mantenida hoy en la sede de la Fundación Santa María de Albarracín, y que se ha denominado «Pacto de Albarracín».
Asimismo, García-Page ha agradecido la capacidad de escucha de la Comisión Europea, ya que por primera vez «estas tres comunidades hemos conseguido un éxito contundente al habernos abierto una puerta que sabíamos que estaba ahí, pero que estaba cerrada; de lo que se trata es de entrar de la mano del Gobierno central», apelando al cierre de una agenda de trabajo.
A este respecto, ha recalcado que, a partir de la decisión de la Unión Europea, «oficialmente Cuenca, Teruel y Soria son zonas oficialmente en despoblación y zonas por reaprovechar», recordando que por culpa de la despoblación «han pasado por una suerte de dificultades».
Para obtener beneficio de esta nueva situación, García-Page ha llamado «al concurso de todos», para que la llegada de empresas a estas zonas despobladas, y a las adyacentes, tenga menos costes laborales. En concreto, ha anunciado que en la región, además de la provincia de Cuenca, estas zonas contempladas son también zonas limítrofes de Guadalajara como las comarcas de Molina o Sigüenza «y algunas que hemos contemplado en zonas concretas de Ciudad Real».
Unas ayudas pueden suponer el ahorro de hasta un 20 por ciento en los costes laborales de las empresas instaladas en las zonas susceptibles de recibir estas exenciones, que se encuentran ya en vigor en áreas muy poco pobladas de los países nórdicos. Por ello, ha insistido García-Page en apostar por este estímulo económico para las empresas que están y para las que vienen, dando un paso más en esta estrategia que desde hace meses abordan las tres comunidades autónomas. «Al menos ahora tenemos al Gobierno dispuesto a entender que hay que valorar lo que valen la Sanidad y la Educación, no solo por la gente que la recibe sino por dónde la recibe», ha remarcado junto a Lambán y Fernández Mañueco. De hecho, con respecto a la financiación autonómica, ha hecho referencia a los gastos que asumen tanto las comunidades autónomas como las corporaciones municipales, llamando al Gobierno central a involucrarse en esta política sobre la despoblación.
En concreto, ha dicho que sobre la hipótesis de que el Gobierno central tuviera que gestionar estos grandes servicios públicos, que son el 90 por ciento del gasto, «tendría que afrontar la polémica, la crítica o la petición de tener a media hora un hospital, de poder tener servicio de transporte por helicóptero para las emergencias o de tener 5G», recalcando que si lo tuviera que hacer el Estado «eso tiene un costo, el mismo coste que tenemos nosotros y lo vamos a seguir reclamando», ha finalizado.
Por último, García-Page, que ha estado acompañado por el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, ha firmado junto a sus homólogos en el Libro de Oro del Ayuntamiento de Albarracín, en compañía de su alcalde, Miguel Villalta.