Francisco Suay Ojalvo
Funcionario con habilitación de carácter nacional
Presidente del Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la provincia de Cuenca
Leo con estupor en este diario local, concretamente en su sección de opinión, el ‘Manifiesto en defensa de los secretarios, interventores y tesoreros interinos‘ y no me queda más remedio que realizar algunas precisiones para establecer el debate en sus justos términos. No pretende ser el presente artículo una declaración institucional del Colegio: ya, tanto el Colegio Nacional, el Autonómico de Castilla La Mancha y de las demás comunidades autónomas como los provinciales, entre los que se encuentra el que tengo el honor de presidir, han realizar este tipo de declaraciones (que se pueden leer en internet) con una precisión jurídica, técnica y de dicción difícilmente superable. Lo que pretendo, humildemente, es intentar explicar la derrota de la función pública, de la habilitación nacional y de los principios de mérito y capacidad a los que este desdichado gobierno nacional nos avoca.
En primer lugar, y no de forma ociosa, debo recordar la importante figura de los habilitados nacionales en nuestra organización descentralizada. Todos los vecinos de nuestros más 200 municipios de Cuenca conocen la figura: el funcionario que coordina, atiende y soluciona problemas en nuestro pueblo. Al único al que puedo acudir si una farola no funciona, si existe una avería de agua o si un impuesto no es correcto. Al margen de ello, su función es la de garante de la legalidad y del buen uso de los fondos. Como se puede entender conviven entre la complejidad de la volátil ley, el servicio al ciudadano y la contención de la corrupción local (Benito Arruñada hablaba de la evitación de la “consagración del caciquismo”). Por lo tanto, un instrumento necesario para que la Administración sirva con objetividad al interés general, lo que no hace, ni mucho menos, fácil su situación, puesto que se enfrenta tanto al vecino incumplidor como a los regidores, amén de ser el instrumento necesario y eficaz para el desarrollo de sus políticas y proyectos.
En segundo lugar, debemos indicar cómo se seleccionan este selecto cuerpo de funcionarios. Para salvaguardar esta independencia es el Estado central el que, mediante un exigente proceso, los habilita para el ejercicio de sus funciones. Este iter comprende cuatro pruebas (un tema escrito, un examen oral de más de 120 temas elegidos al azar, unos supuestos prácticos y una prueba de idiomas) y un curso selectivo (actualmente con la titulación de Master Universitario que se combina con prácticas en entidades locales) de unos nueve meses. De forma contraria y para cubrir las vacantes causadas por la falta de convocatoria de todas las plazas (recordemos que en España existen más de 8000 municipios), las Comunidades Autónomas puede nombrar funcionarios interinos para prestar estas insustituibles funciones. La pregunta que aflora con naturalidad es “¿cómo lo hace?”. En Castilla La Mancha, en ocasiones, se ha realizado un “examencito”, que comprende un cuestionario tipo test y un caso práctico o incluso un mero concurso de méritos, sin formación posterior. Me consta que en ocasiones y en diversas comunidades autónomas, ni este mini proceso.
En tercer lugar, no pretendo con esta exposición desprestigiar a las personas que, de forma interina, desempeñan estas funciones. Desde el Colegio que presido se les ha acogido con cariño, protegido siempre que lo han precisado y formado para el ejercicio de sus funciones. Partiendo de la dejadez de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, que les ofrece una formación tardía e irrelevante, con la ayuda de la Diputación de Cuenca, se han realizado de forma altruista, por parte de los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Cuenca, intensas jornadas de formación para paliar sus necesidades en esta materia. Por lo tanto, no es baladí reconocer su desempeño, su profesionalidad e interés en el desempeño de un puesto complejo y agobiante de responsabilidad, que no responden al estereotipo del funcionario que trabaja de ocho a tres.
Pero no por ello se puede pretender igualar a todos, tal como pretende el gobierno con la Ley de estabilización de interinos y la oferta de empleo público propuesta. El acceso a estos puestos con un mero concurso (sin ninguna prueba selectiva) o con un “examenito” (aderazada con el cómputo de méritos) va a provocar sin duda alguna, una pérdida de calidad institucional, jurídica y profesional. Si lo que demanda la sociedad son profesionales formados, coherentes, rápidos en sus decisiones, lo que buscan los gobernantes, y demuestran con la norma y sus consecuencias, es distinto. Rebajar el nivel de acceso para evitar controles, para despreciar el esfuerzo ajeno, para campar a sus anchas, fomenta el caciquismo, los tráficos de influencias y, cómo no, se sitúa en las antípodas de los ampulosos códigos éticos que todos firman.
Si tanto interés tienen en solucionar la precariedad del empleo público ¿no sería más sensato una convocatoria en la que se incluyan todas las plazas vacantes manteniendo el nivel exigido para su desempeño?….
Me temo que, como siempre, nuestro Estado de Derecho se debilita y tendrán que ser los tribunales de justicia los que resuelvan el intrincado nudo gordiano de los secretarios, interventores y tesoreros.
