Los tres sindicatos sindicatos que están gestionando el conflicto laboral de Pinasa, Comisiones Obreras (CCOO), la Unión General de los Trabajadores (UGT) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han avanzado los próximos pasos a dar en el conflicto. Así lo han advertido los sindicatos, quienes apuntan a la posibilidad de emprender acciones judiciales y de convocar una huelga ante la ausencia de soluciones a los reiterados retrasos e impagos de nóminas que sufre la plantilla desde febrero de 2024 y que han vuelto a repetirse en las nóminas de los dos últimos meses del año y la paga extra de diciembre.
Las organizaciones sindicales aseguran que la empresa, perteneciente al Grupo Losán y ubicada en Fuentes, no ha aportado hasta el momento un plan de viabilidad claro ni información fiable sobre su futuro, pese a las reuniones mantenidas en los últimos meses. En este contexto, han confirmado que ya se están tramitando demandas judiciales, principalmente de resolución de contratos, y que se estudian nuevas vías legales para proteger a los trabajadores.
De la huelga a las acciones judiciales
Desde CSIF, el responsable de empresas privadas en la provincia, Jorge Rodríguez, ha señalado que la huelga es una opción que está sobre la mesa si no se produce una respuesta inmediata. Rodríguez asegura que desde su formación se ha trasladado a los trabajadores la necesidad de «ejercer una presión legal y política para que se puedan tomar acciones desde la base legal». Con este fin CSIF ha asesorado «a nivel particular a esas denuncias para poder proteger el bienestar familiar, aplicando los artículos que se tengan que aplicar y también hemos trasladado la posibilidad de irnos a una huelga», apuntan. Rodríguez señala la llegada a este punto se ha producido ante la inexistencia de «otra salida» porque «la irresponsabilidad de la administración del Grupo Losán ha sobrepasado todos los límites», ha apostillado.
Por su parte, Maribel Cabañero, secretaria regional de CCOO del Hábitat, ha advertido que desde su formación temen «una descapitalización total para echar el cerrojazo a todo», apunta. La falta de concreción sobre el futuro en las reuniones mantenidas con recursos humanos del grupo «sin plantearse un ERTE o un concurso de acreedores» son algunos de los motivos que reafirman esta posibilidad para la responsable regional de CCOO. Cabañero apunta que «los trabajadores no saben a qué atenerse» por lo que ha avanzado que desde su formación revisan «salidas judiciales para que los trabajadores y trabajadoras salgan lo menos perjudicados dentro de lo posible», ha destacado
Cabañero ha apuntado que «hoy están en la calle todos los trabajadores de todas las empresas que este grupo tiene repartidas por la geografía nacional, en Galicia, Castilla y León y en Castilla-La Mancha, tanto la de Cuenca como la de Ciudad Real en Pedro Muñoz». Asimismo ha recordado que piden «soluciones» y sobre todo «que la SEPI, que está formando parte de esta situación puesto que rescató a la empresa, y las instituciones que han dado ayudas públicas a la empresa le exijanque ponga fin a esta situación», ha sentenciado.
Jesús Laín, representante de la Federación de Industria de UGT, ha denunciado que «no todo vale para evitar el proceso de concurso de acreedores, porque la situación de tres meses sin cobrar y de todos estos meses que está paralizada la fábrica va a conllevar que tenga mucha más dificultad a la hora de arrancar». Asimismo ha subrayado que «la situación no se puede alargar mucho más y para bien o para mal tiene que tener un final». Laín ha denunciado que «la empresa no nos da la información que nos tiene que dar y la que nos dan es a cuenta gotas y nunca fiable ni real» y ha confirmado que desde el sindicato que representa ya existen demandas judiciales en marcha «a expensas de llegar a su primera vista en el jugado de lo social de Cuenca», las primeras de las cuales son «resolución de contratos».
Un inversor que se retira y «sin noticias» de la reestructuración de la deuda
En el incierto futuro de Pinasa, en el verano de 2025 se informó por parte de las administraciones de la llegada de un posible grupo inversor así como de una reestructuración de la deuda de la empresa. Todos los sindicatos han señalado que el grupo inversor finalmente «se echó para atrás» y en el caso de CCOO han señalado que «no hay ningún avance» sobre la posibilidad de un acuerdo de reestructuración de deuda anunciada por Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo.
Cabañero ha apuntado que «en verano del pasado año había una posible operación con Mabesal que finalmente no ha salido». Por lo tanto, ha señalado la representante de CCOO citando lo que ella asegura que son «palabras textuales de Alberto Artaza, director de Recursos Humanos de la empresa», desde Pinasa «están para pasar al plan B», pero, asegura Cabañero «sin dar datos de cuál es el plan B» y que la empresa había «tirado a la caña a la búsqueda de posibles inversores».
Una situación que afecta económica y psicológicamente a los trabajadores
Desde las organizaciones sindicales alertan de que la situación es «insostenible» y que está provocando un grave deterioro social y psicológico en la plantilla. «Se les pide confianza y paciencia a trabajadores que llevan casi dos años soportando irregularidades en el cobro de sus salarios», ha denunciado Maribel Cabañero, señalando que la empresa «no despeja dudas ni aporta claridad», sino que «deja pasar el tiempo» mientras «continúa acumulando deudas con empleados, acreedores y administraciones».
Desde la representación de los trabajadores de Pinasa Cuenca, el presidente del comité de empresa, Diego Martínez, ha puesto el foco en el impacto humano de la situación. «Esto se está eternizando», señalando que esperan llegar a los tres meses de retraso para poder denunciar pero que «es una situación que nunca llega» y hay «familias y matrimonios en los que todos trabajan aquí», algo que a lo Cabañero ha añadido el perjuicio que supone para la economía doméstica de muchos hogares que, afirma «se han visto obligados a tirar de sus familias, pero no se puede tirar de las familias eternamente».
Asimismo, Martínez ha apuntado a las cuantiosas bajas médicas y el notable goteo de salida de trabajadores que se ha ido sucediendo en los últimos dos años. «Empezamos 180 y ahora estamos 150 porque mucha gente se ha ido al no poder aguantar más la situación», unas salidas que Laín asegura que en varios casos han supuesto la pérdida de indemnizaciones para algunos trabajadores «antes que seguir aguantando esta situación». Junto a la marcha de compañeros que, en palabras del presidente del comité de empresa supone «un revés demográfico para la provincia», se unen numerosas bajas médicas «por depresión y ansiedad» y «varios casos de infarto» a consecuencia del conflicto laboral.
LA CONCENTRACIÓN SINDICAL DE LOS TRABAJADORES DE PINASA, EN IMÁGENES
