Una de las medidas más destacadas del decreto con el que Castilla-La Mancha quiere frenar la expansión del coronavirus -y que entró en vigor este domingo- es la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas entre las diez de la noche hasta las ocho de la mañana de día siguiente, excepto en hostelería y restauración.
Una restricción que en muchos municipios de Castilla-La Mancha supone una novedad pero no así en la ciudad de Cuenca, donde desde hace más de once años ya no se podía, al menos sobre el papel, adquirir una bebida alcohólica en un establecimiento que no fuera un bar, discoteca, restaurante o local con licencia análoga. La vigente ‘Ordenanza Reguladora de Venta, Publicidad, Distribución y Consumo no Responsable de Bebidas Alcohólicas’ establece en el punto 3 de su artículo 11 la siguiente prohibición expresa, casi idéntica en su literalidad con la decretada en la flamante norma autonómica: «No se permitirá la venta, suministro o distribución de bebidas alcohólicas en el espacio horario comprendido entre las 22 horas y las 7 horas del día siguiente».
El texto se aprobó en un pleno municipal en febrero de 2008, cuando Francisco Pulido era alcalde y Carlos Navarro el concejal de asuntos sociales y sanitarios. No estuvo exento de polémica y provocó movilizaciones juveniles en su contra en las entonces incipientes redes sociales. Tras el preceptivo plazo de modificaciones y alegaciones se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia más de un año después, en marzo de 2009, cuando entró en vigor.
Como sucede con otras muchas normativas municipales una cosa es la teoría y otra la práctica y no puede decirse precisamente que el cumplimiento haya sido estricto y generalizado. Comprar alcohol a partir de ese ‘toque de queda’ en tiendas de alimentación del centro, por ejemplo, no era misión imposible; ni siquiera demasiado complicada. Una laxitud que que ha motivado a lo largo de estos lustros quejas cíclicas y recurrentes de colectivos tan dispares como empresarios hosteleros (que pedían más control contra lo que entendían era competencia deseleal), vecinos de las áreas más cercanas al botellón y diferentes grupos políticos, que llevaban el asunto a las sesiones plenarias.
No obstante, en justicia no se puede hablar de laxitud o impunidad total, como demuestran los expedientes y multas iniciados y culminados por el Ayuntamiento, tras las denuncias de la Policía Local, por el incumplimiento de esta normativa. Varios ejemplos: en junio de 2013 el Consistorio informaba en nota de prensa de que la Junta de Gobierno Local había propuesto sendas multas de 300 y 600 euros por este motivo a dos establecimientos ubicados en el entorno de la Plaza de España y regentados por ciudadanos de nacionalidad china. Uno de ellos era reincidente, de ahí la mayor cuantía de la sanción. En diciembre de 2017 el mismo se multó con un 300,52 euros a un comerciante de una tienda de productos alimenticios que vendió alcohol a las 03:05 horas
En la misma ordenanza municipal, compartiendo artículo pero en el punto 2, también se establecía que el Ayuntamiento «por razones de salud pública o seguridad ciudadana podrá prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública». Una carta reservada que no había sacado al tapete ningún Equipo de Gobierno municipal hasta que el hace un mes Darío Dolz aplicaba la prohibición.
Restricciones que se unen a otras del mismo cariz recogidas en el decreto que entró en vigor este domingo como el cierre del ocio nocturno (los bares han de cerrar a la una de la madrugada y no pueden admitir clientes más tarde de la media noche) o la imposibilidad de celebrar encuentros de más de diez personas.
