¿Por qué no ha abierto este verano el quiosco-bar del Paseo del Júcar? La pregunta que muchos conquenses se han planteado en los últimos meses también la formularon en el último pleno municipal los grupos municipales de Cuenca, En Marcha! (Podemos-Equo) y Ciudadanos. La encargada de responder por parte del Equipo de Gobierno fue la portavoz, Saray Portillo, quien se basó en la documentación preparada por la Concejalía de Hacienda y Patrimonio, que gestiona Juan Manuel Martínez Melero.
Para ofrecer su contestación, Portillo hizo un repaso por los antecedentes relacionados con esta instalación municipal que habitualmente empleaba a siete trabajadores durante los meses estivales en los que estaba en funcionamiento. «Hasta agosto de 2012 el uso y explotación del quiosco mediante contratación demanial fue llevado a cabo por la mercantil Paseo-Terraza del Júcar S.L. que al parecer se subrogó los derechos y obligaciones de un titular anterior», evocó la edil.
En 2013, 2014 y 2015 la misma empresa siguió explotando el bar sin que existiera contrato en vigor ni prórroga de éste. Posteriormente, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en abril de 2016, se adjudicó un nuevo contrato a la misma mercantil por una duración de tres años, que finalizaba en mayo de 2019. Entonces no se desarrolló una nueva licitación y el anterior adjudicatario siguió con la gestión pagando el canon correspondiente.
Ya en 2020, otro acuerdo de la Junta de Gobierno Local se adjudicó directamente la explotación otra vez a esta compañía, únicamente para la temporada veraniega de ese año, hasta el 30 de septiembre. Se hizo acogiéndose a la normativa de Patrimonio y no a la Ley de Contratos de Sector Público «por considerar que era de interés público y que por la pandemia no había sido posible licitar un nuevo contrato de concesión, además de que el anterior adjudicatario no había retirado de la instalación sus enseres y sus bienes».
Ya el 31 de marzo de este año es cuando estuvo listo el informe técnico que serviría de base para una nueva licitación. En mayo, dado que la temporada se echaba encima, se propuso desde el Servicio de Patrimonio sacar la explotación únicamente para el inminente verano, para un periodo de cinco meses, y dejar aparcada para el futuro otra licitación de más envergadura, de diez años de duración, «para cuando hubiera tiempo suficiente para elaborar unos pliegos acordes con la importancia de de dicho contrato».
Tras los informes de Asesoría Jurídica e Intervención desde Patrimonio se concluyó que no era posible hacer otra adjudicación directa a la misma empresa y que había que ir a un procedimiento que respetara la libre concurrencia. Por eso la Junta de Gobierno Local aprobó, ya a la altura del 11 de junio, una licitación por procedimiento abierto y por cinco meses.
A esa licitación se presentaron 14 candidaturas y se seleccionó provisionalmente la de la oferta económica más ventajosa ya que ese era el único criterio de las bases. El elegido había ofertado un canon de 15.000 euros, cuando el precio mínimo de salida era de 2.055,22 euros.
Sin embargo, la empresa propuesta nunca llegó a comenzar la actividad y el quiosco ha estado cerrado. El licitador seleccionado no presentó en el plazo preceptivo la documentación necesaria para formalizar la adjudicación. No lo hizo ni ese ni ninguno de los que fueron propuestos sucesivamente por orden de puntuación, lo que según la normativa de contratación pública se considera una retirada de ofertas.
Portillo destacó que el pliego no había sido recurrido y que el procedimiento no permitía comprobar con carácter previo si los licitadores cumplían los requisitos; solo presentaban una declaración responsables. A la vista de los acontecimientos el Servicio de Patrimonio emitió un informe en el que, según aseveró la portavoz, se constata que «la Mesa de Contratación no podía prever que por parte de los licitadores que presentaron oferta podía esconderse una conducta, podríamos decir colusoria en el procedimiento de contratación, con el ánimo de bloquear la licitación y que finalmente quedase desierta en una actitud de impedir o restringir la libere competencia».
Por ello desde ese servicio se ha propuesto al órgano de contratación que acuerde la declaración desierta del proceso y se proceda a una nueva licitación así que se traslade el expediente a la asesoría jurídica para que estudie si hay causa para penalizar económicamente a los licitadores retirados y prohibirles volver a contratar con el Ayuntamiento por los perjuicios causados al interés público y al interés municipal.
María Ángeles García (Podemos-Equo) manifestó que le parecía «bien» que se recurriera a la asesoría jurídica por si se había producido esa estrategia y apuntó que «lo lamentable es que por hacer las cosas tarde no se haya podido tener este recurso para el verano» y confió en que para próximas temporadas «se hagan las cosas en condiciones». El alcalde, Darío Dolz, alegó que era «imprevisible» que los licitadores retirados «fueran alargando en el tiempo el proceso adjudicatorio» y que por eso se está sopesando una actuación legal.
Cristina Fuentes (Cs) consideró que no se había aclarado por qué se tardó un año «en sacar el mismo pliego, porque era el mismo» que en el del verano anterior..
