El pleno del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado por unanimidad incluir una partida económica y suficiente en presupuestos futuros, y no en el del 2026, destinada a la ejecución de las actuaciones de retirada de amianto en aquellos emplazamientos que presenten la mayor urgencia, en función de los resultados de los censos desarrollados.
La propuesta ha salido adelante tras la moción del Grupo Municipal Popular para instar al equipo de gobierno a la elaboración y ejecución inmediata del censo municipal de instalaciones y emplazamientos con amianto. El concejal popular Agustín Segarra ha denunciado el retraso del Consistorio en el cumplimiento de una obligación legal que, según ha dicho, «expiró formalmente el 10 de abril de 2023, según dicta la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular».
«La existencia de cubiertas con fibrocemento, bajantes, depósitos, conducciones y otros elementos con amianto en edificios públicos y privados hace imprescindible que el Ayuntamiento de Cuenca conozca con exactitud la dimensión del problema y establezca un programa ordenado de actuación», ha advertido el edil popular.
Por ello, el PP ha instado al equipo de gobierno a finalizar y aprobar en un plazo máximo de seis meses el censo municipal de instalaciones y emplazamientos con amianto, incluyendo el correspondiente calendario para su retirada; dar cuenta al Pleno Municipal del contenido del citado censo, identificando los edificios e instalaciones municipales afectados y estableciendo un orden de prioridad en función del riesgo para la salud y la seguridad; así como incluir en el presupuesto municipal del ejercicio 2026 una partida económica específica y suficiente destinada a la ejecución de las actuaciones de retirada del amianto en aquellos emplazamientos que presenten mayor urgencia.
El concejal de Medio Ambiente, Alberto Castellano, ha criticado que el PP «ha omitido un párrafo de la ley» en la que continúa diciendo que las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionados antes de 2028, «y hasta 2032 los privados». En este sentido, ha explicado que se está trabajando «desde hace ya años» en este censo, que está «prácticamente finalizado lo que son los emplazamientos de la empresa de Aguas, no solamente de los edificios, sino también de las canalizaciones».
En este sentido, Castellano ha asegurado que es necesario establecer unas directrices para la elaboración de un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto de forma «armonizada en todo el territorio nacional, que permita priorizar la afectividad de amianto obedeciendo a criterios de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable». Para ello, ha afirmado que han solicitado colaboración externa a varias empresas y asesoramiento técnico, así como información para que a través de una asistencia técnica «podamos desarrollar este censo y, por supuesto, también contar con nuestro personal».
Asimismo, el edil responsable ha apuntado que en los presupuestos de 2026 no debería estar incluido la retirada de este material, ya que «tendríamos también los siguientes dos años para poder desarrollarlo» y ha confirmado que en las cuentas de este año tienen contemplado una partida para las asistencias técnicas y la elaboración de este censo.
Finalmente, la moción del PP se ha modificado y el pleno ha dado luz verde con los votos a favor de todos los concejales para continuar con la elaboración del censo e incluir en los próximos presupuestos una partida económica específica y suficiente destinada a la ejecución de las actuaciones de retirada de este material en aquellos emplazamientos que presenten la mayor urgencia.
