La CNMC autoriza a Iryo dos nuevos trayectos para unir Cuenca con Madrid y Albacete

El organismo ha dictaminado que estos servicios no comprometen el equilibrio económico del contrato de servicio público firmado entre el Ministerio de Transportes y Renfe Viajeros

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado la Resolución que permitirá a la compañía Iryo prestar servicios entre Madrid-Cuenca y Albacete-Cuenca. El organismo ha dictaminado que estos servicios no comprometen el equilibrio económico del contrato de servicio público 2018-2027 firmado entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Renfe Viajeros.

Iryo comunicó a la CNMC que pretendía prestar servicios coincidentes con determinados trayectos que están considerados como servicios sujetos a obligaciones de servicio público. La CNMC, a solicitud del Ministerio, ha realizado la prueba de equilibrio económico, de acuerdo con la metodología aprobada el 16 de julio de 2020 para determinar si estos nuevos servicios podrían suponer un riesgo para el contrato de servicio público.

Según el análisis de la CNMC, los servicios de Media Distancia Convencional OSP) que ofrece Renfe no son sustitutivos de los servicios de Alta Velocidad de Iryo, porque tienen una duración superior.

Por su parte, los servicios AVANT sí que son sustituibles por los nuevos servicios propuestos por Iryo si se tienen en cuenta sus características técnicas, pero no en cuanto a sus frecuencias ni precios. Concretamente, señala el organismo, los AVANT presentan más frecuencias que los trenes de Iryo y los precios de los bonos multiviaje de los servicios OSP son más competitivos que los precios previstos por Iryo.

Requerimiento a Renfe por AVLO

Por otra parte, Renfe opera nuevos servicios de Alta Velocidad bajo la marca comercial “low cost” AVLO a precios inferiores a los de los servicios AVANT, también prestados por Renfe y que están sujetos a obligaciones de servicio público.

La Resolución requiere a Renfe para que notifique este tipo de servicios, conforme a lo establecido en la normativa, con el fin de determinar si afectan al equilibrio económico de los servicios sujetos a obligaciones de servicio público (OSP).