El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) denuncia el déficit de profesionales de la geología en las administraciones públicas de Castilla-La Mancha, lo que «provoca» incidentes como el derrumbe de la calle Canónigos entre el puente de San Pablo y las Casas Colgadas de Cuenca.
Respecto al derrumbe en la capital conquense, Tejela recuerda que «la realización de estudios geológicos y geotécnicos adecuados en los proyectos de infraestructuras supone una enorme mejora en la relación coste/beneficio de las obras de las administraciones públicas y puede impedir que se produzcan incidentes como el ocurrido en Cuenca».
“Además, es conveniente que los estudios geológico-geotécnicos, incluidos los que forman parte de los proyectos de edificación y construcción, sean visados por profesionales para una mayor seguridad del ciudadano”, explica el delegado del Colegio de Geólogos.
“No existe un departamento geológico multidisciplinar en Castilla-La Mancha que pueda asesorar a las distintas administraciones sobre temas tan importantes como estudios geotécnicos, conservación del patrimonio, gestión de riesgos, contaminación de suelos o aprovechamiento de recursos como la geotermia”, afirma Daniel Tejela, delegado del Colegio de Geólogos en Castilla-La Mancha.
El ICOG lamenta que «al contrario de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, España carece de un servicio geológico que ejerza dicha labor de asesoramiento. Solo Cataluña, a través del Institut Cartogràfic i Geológic de Catalunya (ICGC), y País Vasco, con el Ente Vasco de la Energía (EVE), disponen de servicios de estas características». «La eficacia y utilidad de estos organismos se ha puesto de manifiesto por los gobiernos autonómicos en cuyo organigrama prestan sus servicios», subraya Tejela.
El delegado del ICOG en Castilla-La Mancha añade que «la profesión del geólogo es una de las pocas profesiones reguladas que tiene reconocidas legalmente sus atribuciones, de acuerdo con el artículo 21 del Real Decreto 1378/2001».
A este respecto, el presidente del ICOG, Manuel Regueiro, resalta que los sobrecostes sufridos en la construcción de infraestructuras públicas “pueden reducirse con la licitación adecuada y la exigencia de estudios previos detallados, prevaleciendo las consideraciones técnicas frente a las económicas”.
