Los Servicios Públicos de la Unión General de los Trabajadores (UGT) ha denunciado los «graves incumplimientos laborales y organizativos» que, aseguran, se están produciendo en las residencias de personas mayores de la Fundación Edad Dorada de Mensajeros de la Paz en Castilla-La Mancha, una de las cuales se encuentra en Santa María del Campo Rus.
El sindicato reclama una solución inmediata a «las continuas irregularidades» que señalan «está cometiendo la fundación» respecto al VIII Convenio Marco Estatal de la Dependencia. Según refiere el sindicato, dichas irregularidades estarían afectando a «los derechos y las condiciones de los trabajadores y trabajadoras», que sumarían más de 600 personas en el conjunto de la región, distribuidos en más de 20 residencias y centros de día.
Entre las irregularidades más preocupantes, UGT destaca «la falta de cobertura de bajas y vacaciones o su retraso excesivo para cubrirlas, amparándose en el cumplimiento de la ratio». Según el sindicato esta situación «sobrecarga al personal y deteriora la atención a los residentes, más aún en pleno verano». UGT también denuncia «el impago del complemento vacacional durante varios años», así como «errores continuados en las nóminas», después de que haya pasado «tiempo más que suficiente desde que Mensajeros de la Paz se incorporase a la gestión de estas residencias». Otra de las reclamaciones sindicales se centra en que «el abono del SMI se haga de forma acumulada a final de año y no mes a mes, lo cual genera una condición de precariedad laboral e inseguridad económica».
Aunque el sindicato asegura haber «intentado mantener el diálogo», apunta que los avances «están siendo muy lentos y complicados», motivo por el cual advierten que no dudarán «en volver a las calles y a las puertas de las residencias de mayores si esta situación no se revierte de inmediato».
Desde UGT recuerdan que durante la gestión anterior con oficinas en Castilla-La Mancha, «UGT movilizó a los trabajadores y trabajadoras ante los reiterados retrasos en el pago de las pagas extraordinarias». El resultado de la presión sindical y a las concentraciones realizadas en las puertas de las residencias fue que la fundación decidiera «reestructurar su gestión y pagar a sus plantillas en tiempo y forma».
