La falta de ratificación por Ouardia de una denuncia por amenazas motivó el levantamiento de la orden de protección

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha precisado la orden de protección dejó de estar en vigor el 14 de marzo

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha precisado en relación al presunto caso de violencia de género registrado este lunes en Tarancón que la falta de ratificación por la víctima Ouardia de una denuncia por amenazas motivó el levantamiento de la orden de protección. En el citado caso existía denuncia previa que dio lugar en fecha 3 de septiembre de 2019 a la apertura de Diligencias Previas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Tarancón, competente en materia de violencia de género.

Fuentes del TSJCM han indicado que con esa misma fecha, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Tarancón dictó Auto en el que se estableció orden de protección consistente en las siguientes medidas cautelares: medida de alejamiento a una distancia de 500 metros y prohibición de comunicación con respecto de la víctima y de 3 menores de edad hijos de la pareja. Dicha orden de protección ha permanecido en vigor durante toda la tramitación del procedimiento judicial hasta el 14 de marzo de 2022, fecha en la que el Juzgado de lo Penal nº 2 de Cuenca dictó sentencia absolutoria por delito de amenazas.

En la sentencia se recoge que la absolución está motivada «por la falta de ratificación de la denuncia por parte de la mujer durante el juicio, siendo su testimonio, conforme a los parámetros establecidos por el Tribunal Supremo, la única prueba de cargo existente en este caso para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado». Y ante la insuficiencia de prueba, recoge la sentencia, «no cabe más que dictar sentencia absolutoria». Las fuentes anteriormente citadas indican que en el juicio oral, acto central donde debe practicarse la prueba, la denunciante no ratificó su denuncia, afirmando que «no recordaba nada, que lo que recuerda es que ella lo quería retirar todo, que no se entendía con la guardia civil, y que no dijo en el juzgado que el acusado la hubiera amenazado».

A la vista de la sentencia absolutoria, las medidas cautelares que estaban en vigor desde septiembre de 2019 quedaron sin efecto en la fecha de la sentencia.