El colegio «Elena Fortún» de Jábaga contará con servicio de comedor a partir del 1 de diciembre

La delegada provincial de Educación, Sonia Isidro, y el alcalde de Fuentenava de Jábaga, José Luis Chamón, han firmado el convenio de colaboraicón para ponerlo en marcha

Este viernes, 19 de noviembre, ha sido firmado el convenio entre la Consejeria de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Fuentenava de Jábaga para la colaboración en la gestión del comedor escolar del CRA Elena Fortún-sección Jábaga, para el presente curso 2021/2022, cuyo funcionamiento se iniciará el próximo día 1 de diciembre del presente año.

El objeto del convenio firmado es la colaboración en la gestión del servicio de comedor escolar, modalidad de “comida de mediodía” y/o “aula matinal, autorizado en el CRA Elena Fortún de la localidad de Jábaga, durante el periodo del curso 2021/2022, estableciéndose los criterios y procedimientos para la adecuada y ordenada distribución de los compromisos asumidos por ambas partes de acuerdo con la normativa vigente de comedores escolares de Castilla La Mancha.

Por su parte el Ayuntamiento de Fuentenava de Jábaga, realizará la gestión del servio mediante la prestación de un “servicio de catering que se iniciará el próximo día 1 de diciembre”. Asimismo, el Ayuntamiento se encargará de la contratación del personal del servicio de comedor y aula matinal. El importe del servicio de comedor durante el curso 2021/2022, será de 4,65€ IVA incluido, que serán abonados mensualmente por el usuario.

Con la puesta en servicio de éste servicio de “comedor escolar en Jábaga” el próximo día 1 de diciembre, unido al “aula matinal” , culmina una gran demanda histórica después de 49 años del cierre del colegio unitario de niños y niñas de Jábaga, garantizándose hoy, un derecho hecho realidad y una apuesta de futuro que garantiza las prestación del servicio educativo en el propio pueblo, lo que contribuye al asentamiento de población y garantizar la lucha contra la despoblación con apuestas decididas por parte de las administraciones publicas como garantes de los derechos de sus habitantes.