Más de 400 de movimientos ciudadanos de todo el país pertenecientes a diferentes sectores, volverán a manifestarse en Madrid el próximo 5 de octubre para protestar «contra las políticas expansionistas que se están llevando a cabo en los territorios de la España rural, especialmente amenazada por la despoblación, y para exigir un cambio de modelo de país más justo y equilibrado en infraestructuras y servicios públicos, sobre todo sanitarios y de transporte».
En este movimiento social se han unido plataformas y asociaciones que luchan «contra la invasión de macroproyectos de energías renovables eólicas y solares; de explotaciones mineras; de macrogranjas de ganadería industrial y de plantas de biogás, que invaden peligrosamente el territorio rural vaciado, y colectivos que luchan por la protección del agua, en constante riesgo de contaminación».
También se unen a la movilización grupos en defensa del ferrocarril, que vertebra el territorio; asociaciones que exigen inversiones en infraestructuras de comunicaciones por carretera; aquellos que persiguen las mejoras de servicios públicos en el ámbito sanitario y de transporte; y quienes demandan políticas necesarias y efectivas para un modelo de desarrollo rural.
En la rueda de prensa celebrada este jueves, varios representantes de los colectivos convocantes expusieron las motivaciones que los llevarán a confluir el próximo 5 de octubre en una gran manifestación en Madrid.
Una España rural cansada de promesas incumplidas y el abandono institucional
Pepe Polo, representante de la Federación de asociaciones vecinales de la provincia de Teruel, expuso que “estamos ante una de las más importantes agresiones que nuestros pueblos y el mundo rural hemos sufrido”. Fue contundente al expresar el hartazgo del mundo rural. A pesar de los más de 13 estudios sobre la despoblación —elaborados por instituciones como el Congreso, el Senado, la Federación Española de Municipios y Provincias, el Defensor del Pueblo y la Unión Europea—, la realidad es que estas propuestas nunca se han traducido en acciones concretas ni fueron a la raíz del problema, “lo que nos llevó el día 31 de marzo del 2019 a ocupar, convocados entonces por el movimiento social de la Revuelta de la España Vaciada, las calles de Madrid y a pegar ese puñetazo en la mesa donde dijimos alto y claro que llevábamos 60 años de agresión y de no atención a lo que sería la España vaciada que no vacía”.
Se sienten instrumentalizados, ya que los recursos y la energía de sus tierras son explotados para otras zonas desarrolladas, dejando atrás un legado de «porquería, destrucción y contaminación». La frase que resuena en esta narrativa es un escalofriante «sois pocos y tenéis mucho espacio, lo que interpretan como una velada amenaza a su permanencia en el territorio». Denuncian, además, que los fondos europeos Next Generation están siendo desviados para el beneficio de lobbies económicos, perpetuando esta «invasión» destructiva del campo.
Polo ha destacado que actualmente, la realidad ha empeorado porque “se han agravado los casos de agresión generalizada al territorio, sobre el que recaen cientos de macroproyectos que vienen a destrozarlo”. Todas las plataformas y asociaciones que participan en esta nueva convocatoria están unidas por un propósito común: “defender nuestros territorios de las agresiones llevadas a cabo en los últimos años por compañías energéticas y mineras, y por empresas cárnicas y de residuos industriales, que han fijado su modelo expansionista en la España rural especialmente, aprovechando que esta sufre el problema de la despoblación, sacrificando cultivos, tierras, agua o bosques para ponerlos al servicio del monopolio empresarial y de los propios gobiernos”. Pepe Polo afirmó que “se trata de un proceso cuyo final se desconoce y que solo la movilización social y vecinal podrá frenar”, a lo que añadió que “estamos ante un mercadeo de lobbies y un modelo extractivista colonial que queremos revertir, porque su deriva es suicida y en 20 años nadie conocerá lo que hoy vemos.”.
Energía
Rosa Pardo, de Aliente (Alianza Territorio y Energía), que agrupa a más de 200 plataformas, puso el foco en el modelo actual de transición energética, que tildó de fallido y devastador. Critica «la proliferación de macroinstalaciones fotovoltaicas y eólicas que causan daños irreparables al medio ambiente, al paisaje y al suelo agrario». Se acusa a las administraciones de favorecer un «negocio financiero» especulativo, donde fondos de inversión extranjeros “obtienen beneficios sin preocuparse por la sostenibilidad del territorio”. Es especialmente grave, según Pardo, que se otorgue la «utilidad pública» —y, por tanto, la capacidad de expropiación— a empresas con mínimos capitales sociales, “facilitando así la especulación y eliminando controles ambientales”. La falta de un plan para la gestión de los residuos que dejarán y los desequilibrios territoriales entre comunidades productoras y consumidoras también son motivo de alarma.
Desde Aliente se exponen alternativas que ya se aplican en otros países, como Alemania, Sudáfrica, Australia o Japón: «utilizar suelos degradados, vertederos o tejados para el autoconsumo energético». «Estas propuestas demuestran que es posible una transición energética justa y sostenible, que no sacrifique el patrimonio natural ni la soberanía alimentaria». Ha destacado lo importante que es la unidad de las plataformas y denuncian que los gobernantes del Estado y las comunidades autónomas “están vendiendo el país por cuatro perras, y no es un problema solo del medio rural, toda la sociedad tiene que ser consciente y pedir que esto pare, basta de destruir el futuro del país para el beneficio de especuladores”.
Desde la plataforma Abrazo al Agua, su representante, Jesús Cutillas, denunció la grave situación de este recurso vital. Los fondos de inversión, “actuando como contaminadores, están vertiendo impunemente nitratos, fosfatos y pesticidas provenientes de la agroindustria y la ganadería industrial en acuíferos, ríos y mares”. Se subraya «la ridícula cuantía de las sentencias» por contaminación, lo que perpetúa la impunidad.
Además de la contaminación, se alerta sobre el acaparamiento de derechos de riego y agua por parte de estos fondos, una práctica que “está generando una competencia desleal con los ecosistemas, lo que deriva en la desecación de manantiales y zonas acuáticas”. Pero la preocupación va más allá, proyectando un futuro donde la escasez y el encarecimiento del agua podrían afectar directamente el consumo humano, forzando a la gente a abandonar sus pueblos.
Biogás y macrogranjas
Los colectivos contra el biogás y las macrogranjas, representados respectivamente por Aurora Vilariño (Coordinadora Nacional Stop Biogás España) y Joao Teixeira (Stop Biogás Machacón) explicaron cómo estos proyectos, impulsados por los fondos europeos, «representan un modelo nocivo».
«Las macroplantas de biogás y biometano, de gran tamaño y a menudo ubicadas en zonas de alto valor ambiental sin respetar las distancias mínimas a las poblaciones, operan con una preocupante falta de transparencia. Se les acusa de promover una falsa economía circular que, en realidad, se alimenta de residuos y cadáveres para producir supuestos fertilizantes que, sin control, acaban contaminando los campos. La situación se agrava al ser proyectos impulsados por la vía rápida, saltándose controles ambientales y limitando la defensa ciudadana mediante Reales Decretos Ley». indican.
En cuanto a las macrogranjas, se denunciaron «sus múltiples impactos: afectación a la salud y calidad de vida de los pueblos cercanos (olores, residuos, contaminación de acuíferos), maltrato animal y la producción de carne de baja calidad destinada a la exportación». Desmienten “la falacia” de que las plantas de biogás resuelven el problema de los purines, “ya que el nitrógeno se mantiene y sigue contaminando los suelos”.
Ferrocarril, infraestructuras y servicios
La Revuelta de la España vaciada con todas sus plataformas activas está también en este movimiento social , y se suman las reivindicaciones que llevan décadas reclamando las provincias despobladas para poder revertir la despoblación, «como son las inversiones en el ferrocarril convencional (cada vez más marginado porque priorizan la alta velocidad), la construcción de carreteras y autovías que están planificadas desde hace décadas por el Estado y que faltan para vertebrar el país, porque además de aportar seguridad vial y acceso a los servicios, permitirían desarrollarse a estos territorios”. También demandan soluciones a la falta de servicios públicos como la sanidad que sufren en el medio rural, porque como llevan gritando desde hace años, “ser pocos no resta derechos”.
Una llamada urgente a la ciudadanía
La rueda de prensa concluyó con un llamamiento contundente a la unidad y movilización. La manifestación del 5 de octubre no es una protesta más, sino un «grito, un puñetazo en la mesa» dirigido a todos los políticos, nacionales y autonómicos, quienes «están fallando» al permitir estas agresiones”. El lema «Salvemos el mundo rural agredido» busca involucrar no solo a los habitantes del campo, sino a toda la ciudadanía española, tanto rural como urbana, ya que consideran que es un problema que «nos compete a todos» y del que depende el futuro del país.
