El secretario general para el Reto Demográfico, Francisco Boya, defendió esta semana en la Comisión del Senado la eficacia de las ayudas al funcionamiento, unas medidas destinadas a reducir los costes laborales de las empresas en las provincias reconocidas por la Unión Europea afectadas por la despoblación: Cuenca, Soria y Teruel.
Durante el debate, la senadora del Partido Popular y alcaldesa de Teruel, Emma Buj, cargó contra el Gobierno de España por lo que considera una gestión insuficiente y poco transparente de estas ayudas. Criticó que se están aplicando “entre el 1% y el 2%” cuando la normativa europea permite alcanzar hasta un 20% y lamentó que muchas empresas ni siquiera sepan que pueden acogerse a ellas. Además, acusó al Ejecutivo de “entretener” a las zonas rurales con estudios y anuncios mientras, en su opinión, las verdaderas necesidades quedan sin resolver.
La senadora turolense también denunció «»la falta de voluntad política» para aplicar una fiscalidad diferenciada real y efectiva en el medio rural, y preguntó expresamente a Boya a qué ministerio corresponde la responsabilidad sobre estas ayudas, si el de Seguridad Social o el de Transición Ecológica y Reto Demográfico, una cuestión que, aseguró, sigue sin aclararse en las distintas comparecencias gubernamentales.
En su réplica, el secretario general reivindicó que las ayudas al funcionamiento han supuesto un ahorro de 67 millones de euros para los empresarios de las provincias beneficiarias y que han facilitado la creación de casi 100.000 contratos. “No está mal. Se puede pedir más, evidentemente, pero los resultados están ahí”, subrayó Boya.
El responsable para el Reto Demográfico explicó que la financiación de estas ayudas no depende de su departamento, sino que se ejecutan a través de bonificaciones a la Seguridad Social. Asimismo, insistió en la necesidad de valorar su impacto en el tiempo y defendió que el énfasis debe ponerse en los municipios más pequeños, especialmente en aquellos con menos de 1.000 habitantes. “El énfasis tiene que estar como se hace ahora, poniéndolo en los municipios de menos de 1.000 habitantes, no en las capitales de provincia que están ganando población”, apuntó.
Con esta intervención, Boya quiso reivindicar el papel de las ayudas al funcionamiento dentro del conjunto de políticas contra la despoblación y abogó «por reforzar la orientación hacia los núcleos rurales más vulnerables para garantizar su supervivencia y dinamización económica».
