La Audiencia Provincial de Cuenca y los Juzgados de la capital secundan el paro convocado para este miércoles 11 de abril a las 12:00 horas por cinco de las asociaciones más representativas de la judicatura. Los convocantes del paro son la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Este paro simbólico que está convocado ante todas las sedes judiciales del país, tiene como objetivo denunciar públicamente «la gravedad de las reformas legislativas en curso, que amenazan principios esenciales del Estado de Derecho, como la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal», según refieren en un comunicado las asociaciones firmantes. Dichas reformas son el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
La LOPJ es la ley que regula la organización y funcionamiento del Poder Judicial en España, incluyendo los juzgados y tribunales, el estatus de los jueces y magistrados, y otros aspectos relacionados con estos. Por su parte, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) es la norma principal que regula la estructura, funcionamiento y funciones del Ministerio Fiscal en España. Establece las bases para la organización y actuación de la Fiscalía, así como el régimen jurídico de los fiscales.
Grosso modo, el escrito firmado por las citadas asociaciones para convocar este paro apunta como una de las principales preocupaciones los planes para la estabilización de las plazas de los actuales jueces sustitutos. Del mismo modo refieren sus quejas respecto a las facilidades para acceder a la carrera por el llamado «cuarto turno». El «cuarto turno» es una vía de acceso a la carrera judicial para juristas de reconocida competencia y experiencia. A diferencia de los concursos-oposición tradicionales, este sistema permite que juristas de reconocido prestigio, sin pasar por pruebas, accedan a la judicatura, especialmente a la categoría de Magistrado, basándose en la valoración de méritos profesionales, un supuesto práctico, una entrevista y un curso en la Escuela Judicial.
Estas medidas, según refieren los convocantes, propician mayor politización en la selección de jueces, al igual que, según refieren, lo hace la creación de un centro nacional de opositores. Por su parte, el Gobierno ha enfrentado el paro convocado afirmando que la reforma judicial es la mayor que se ha producido «en décadas» y que las asociaciones convocantes se mueven «por motivos corporativos», sosteniendo que sus críticas son «opiniones interesadas».
