Blanca Fernández, portavoz del Gobierno regional, ha precisado este miércoles que en los hospitales públicos de Castilla-La Mancha no se practican interrupciones voluntarias del embarazo porque todos los profesionales están acogidos a la objeción de conciencia. Sin embargo, ha matizado que sí se realizan interrupciones del embarazo cuando está en riesgo la salud de la madre y del feto.
Ante la aprobación por el Gobierno central este martes del anteproyecto de la nueva Ley del Aborto, ha destacado que «la reflexión que hacemos es cómo es posible seguir respetando la objeción de conciencia, que entendemos y respetamos, con la obligación de que sea en los hospitales públicos donde se practique la interrupción del embarazo». En este sentido, ha indicado que «esperamos que a lo largo de la tramitación, y de las próximas semanas o meses, se nos puedan ir dando instrucciones de cómo se va a producir».
Fernández ha puesto de relieve que en Castilla-La Mancha una mujer puede interrumpir su embarazo de forma voluntaria «en clínicas concertadas con las máximas condiciones de calidad, seguridad e intimidad. Esto es lo más importante». La portavoz del Ejecutivo autonómico ha indicado que ni el Sescam ni el Gobierno regional puede obligar a los médicos a practicar abortos, recordando que «es un derecho reconocido y que sigue siendo reconocido por la nueva ley».
Estas mismas fuentes han resaltado que un elemento positivo que introduce la nueva normativa es que «establece un registro único. Es muy coherente establecer un registro único tanto en el ámbito púbico como en el privado para evitar que aquellos profesionales que puedan objetar en lo público sí practiquen interrupciones del embarazo en lo privado».
