Fernando Casas Mínguez
Profesor de Ciencia Política y de la Administración.
Es motivo de alegría que el Consejo de ministros haya aprobado, el pasado lunes 8 de noviembre, la renovación del tramo Brazatortas-Guadalmez, de la línea Ciudad Real-Badajoz. Una actuación que va a ser cofinanciada con fondos europeos, cuyo valor estimado por la Adif asciende a 54.441.259,64 euros (IVA no incluido), realizada con el objetivo de mejorar el estado de la línea, así como el aumento de los niveles de confort para los usuarios.
La decisión de invertir en la mejora de la línea Ciudad Real-Badajoz, en este año Europeo del Ferrocarril, ha sido posible gracias a que los poderes públicos, los representantes de la administración (central, comunitaria, provincial y local) y los agentes sociales, han sido sensibles a la demanda que viene planteando, desde hace años, la sociedad civil.
A la vista de esta decisión del Consejo de ministros, produce disgusto contemplar el conflicto ocasionado por Adif, en torno a la línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia. Una línea cuya mejora es demandada por los pueblos de la provincia, que atraviesa zonas de la España Vaciada, pero en la que no hay acuerdo para su renovación, ni voluntad política de que se mantenga, sino que los esfuerzos se centran en promover su cierre.
La justificación para la desmantelar este servicio público la ofreció el diputado al Congreso por la provincia de Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo (PSOE), afirmando que era “una inversión desmesurada para el servicio que presta”. Que se valore como desmesurada la inversión en un servicio público de transportes, que beneficia a personas que residen en las zonas despobladas, es tan perverso como disparatado, porque aplica criterios de rentabilidad y de mercado en los servicios públicos.
Como todo el mundo sabe, la decisión de invertir en bienes y servicios del estado del bienestar (defensa, alcantarillado, sanidad, educación, pensiones, investigación, aeropuertos, autopistas, ferrocarril y servicios sociales) es una opción política. Es la ciudadanía del estado del bienestar quien decide que tienen que haber servicios públicos universales, para que los disfrutemos todas las personas. Quizá pueda parecer desmesurada la inversión en sanidad, en defensa, en educación etc., pero es lo que hemos decidido para que las personas disfrutemos de salud, seguridad y una buena formación.
De ahí que resulte de lo más extravagante que representantes elegidos por Cuenca, se opongan a que el estado del bienestar invierta en la mejora de un servicio público de transportes, que favorece el desarrollo sostenible, beneficia a toda la ciudadanía y, en especial, a pueblos de la provincia por la que consiguieron su nombramiento. Es tan inconcebible como que los diputados de Ciudad Real o Badajoz se opongan a la mejora del tramo Brazatortas-Guadalmez, alegando que la inversión les parece excesiva.
No es fácil para la gente de Cuenca entender que, con el pretexto de la tormenta Filomena, pretendan desmantelar el ferrocarril Madrid- Cuenca-Valencia, las mismas entidades que por incompetencia provocaron el deterioro de la línea. Si la red de ferrocarril convencional hubiera tenido el mantenimiento debido, hoy estaría vertebrando nuestra provincia despoblada.
Asimismo, resulta difícil para la ciudadanía comprender que quienes, en el Congreso y el Senado, no supieron denunciar el abandono de la línea de ferrocarril, no se comprometan en su mejora. Por lo cual, sería un grave error que representantes elegidos por la ciudadanía conquense, colaboraran con la organización empresarial, CEOE-CEPYME de Cuenca que propone, de acuerdo con Adif, desmantelar la línea de ferrocarril convencional Madrid- Cuenca-Valencia y la privatización del servicio de transportes.
Si la representación en Cortes apoyara a la CEOE-CEPYME, para que el Ministerio de Transporte Movilidad y Agenda Urbana no invierta en Cuenca, los electores de la provincia se sentirían muy frustrados. Porque son muchos los pueblos que desean la renovación del tren, para que sus habitantes se desplacen y puedan acceder a otros servicios públicos, como salud, educación, cultura y servicios sociales.
Los pueblos quieren la mejora de un tren que recorra la provincia a precios asequibles, sea puntual, seguro, cómodo y salga en las horas convenientes. Confiemos en que las personas elegidas por Cuenca para el Congreso y el Senado, abandonen su absurda postura sobre el tren. Esperemos que actúen con coraje cívico, para conseguir que los gobiernos (estatal y regional) se decidan por la inversión de fondos estatales y europeos en la mejora de la línea del tren convencional Madrid-Cuenca-Valencia, en el Año Europeo del Ferrocarril.
