La Confederación de Empresarios (CEOE CEPYME) de Cuenca ha manifestado su rechazo ante el Proyecto de Ley de Reducción de jornada Laboral que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha presentado al Consejo de Ministros en línea con el comunicado emitido por la organización empresarial a nivel nacional. Los empresarios conquenses defienden la reducción de la jornada «ajustada a las necesidades de cada sector a través de la negociación colectiva».
En este sentido desde CEOE CEPYME Cuenca han destacado que «nuevamente» se ha vuelto a apostar por el «oportunismo político y el marketing sobre el establecimiento el diálogo social». En este sentido, señalan que «la voluntad de imponer la reducción de la jornada laboral para cumplir un acuerdo político» está ocasionando «un freno en la negociación colectiva», que aseguran que es «una infraestructura básica para mantener la estabilidad económica y la paz social». Además los empresarios apuntan que la negociación colectiva podría verse «rota» al haber situado la jornada máxima legal «por debajo de la jornada promedio ya pactada en los convenios».
Desde la organización provincial advierten el «grave impacto negativo» que esta decisión tendrá sobre la actividad económica y el empleo, «con especial incidencia en las pequeñas y medianas empresas y en algunos sectores del país». Esas pymes tienen como marco normativo laboral el convenio colectivo provincial de su sector, que aunque establece jornadas anuales más elevadas que las marcadas en los convenios de empresa, pueden negociar jornadas menores «a cambio de una productividad medible».
Desde CEOE CEPYME Cuenca, se ha defendido una reducción de jornada «con medidas y periodos transitorios», que permitan la adaptación «no traumática» a aquellos sectores con jornadas anuales más amplias. Los empresarios afirman que dichas reglas de transitoriedad «deben dejarse en manos de los negociados de los convenios colectivos» y plantean otros problemas que pueden darse a raíz de la citada medida, como los nuevos requerimientos para el registro horario, que afirman «son de muy difícil cumplimiento», debido a la inexistencia de la infraestructura digital y las competencias en este sentido de los trabajadores.
Aunque desde la asociación de empresarios provincial aseguran compartir objetivos con el Gobierno y que «se persiguen con la regulación del derecho a la desconexión», reiteran que este derecho «ya está suficientemente regulado en la actual normativa». Por todas estas cuestiones, CEOE llama a que todas sus objeciones se tengan en cuenta durante el trámite parlamentario y se disponga de «un adecuado análisis de impacto económico».
