Más de 150 personas de sus equipos centrales, autonómicos y locales de la Fundación Secretariado Gitano (FSG) se reúnen en Cuenca desde este 12 de noviembre y hasta el próximo día 14 en su Encuentro Institucional Anual en el que se evalúan los objetivos alcanzados este 2025 y se proponen las diferentes líneas de acción para el próximo año. La capital conquense ha sido el lugar escogido para la celebración de este evento, con la Fundación Secretariado Gitano Castilla – La Mancha como anfitriona, como uno de las 15 comunidades en las que la entidad desarrolla su labor, tal y como se ha realizado en ediciones anteriores en Gijón (2024), Valencia (2023), Málaga (2022) o Santiago de Compostela (2021).
El encuentro, que ha tenido como fondo la celebración de los 600 años de la presencia de los gitanos y las gitanas en la península ibérica y la declaración de 2025 como Año del Pueblo Gitano en España por el Gobierno de España, ha marcado en la hoja de ruta avanzar para conseguir la aprobación de una Ley Integral para el reconocimiento, la igualdad y la promoción del pueblo gitano, que aporte un marco de actuación desde los poderes públicos.
En el acto inaugural, que se ha desarrollado en el Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha (MUPA), ha comenzado con la declaración institucional del alcalde de Cuenca, Darío Dolz, quien ha agradecido la presencia de las numerosas autoridades y representantes del Tercer Sector que han acudido. Por su parte José Manuel Caballero, vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha remarcado que «no se conoce suficientemente al pueblo gitano, su importancia cultural, social, económica», algo que espera que se transforme con la celebración de los 600 años de presencia del pueblo gitano en España.
La directora general de la Fundación Secretariado Gitano, Sara Giménez, ha centrado su intervención en la conmemoración de la efeméride, destacando que aunque «es un año para celebrar y el resumen es bueno», es necesario continuar trabajando con la implicación de todas las instituciones del Estado para «acabar con todas las brechas de desigualdad que persisten».
