La Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público y Social de Cuenca convoca a una nueva concentración el domingo 27 de noviembre, a las 12:00 horas en la plaza de España, para recuperar las Obligaciones de Servicio Público ferroviario en Cuenca. Esta movilización ciudadana se inscribe en la semana de Semana de Lucha por el Tren planteada por la Coordinadora Estatal por el Tren Público, Social y Sostenible y apoyada por Alianza por el Clima. Nos encontramos en un contexto de emergencia climática y energética, en el que el Ministerio del Transporte, con recortes en los servicios públicos como la suspensión del servicio ferroviario entre Madrid, Cuenca y Valencia, profundiza la brecha entre los territorios ricos y los de España Vaciada.
Producto de una desinversión activa contra Cuenca, la alternativa de transporte dictada desde los despachos del ministerio constituye un rotundo fracaso. Han aumentado los tiempos de viaje y los precios en casi todas las relaciones antes servidas por ferrocarril y la ocupación de autobuses y trenes madrugadores es casi nula. Además, desde el ministerio la movilidad de Cuenca se condiciona al chantaje inaceptable de desmantelar el ferrocarril para instalar un macroaparcamiento y una rotonda. Una situación inédita en Europa, que solo puede responder a las políticas neoliberales, ecocidas, centralistas y de retorno a la especulación del gabinete de Raquel Sánchez.
La Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público y Social de Cuenca se adhiere a las demandas de La Coordinadora Estatal por el Tren y Alianza por el Clima de un transporte sostenible sobre una infraestructura caracterizada por una red ferroviaria mallada, tupida y accesible formada por líneas de tráfico mixto para personas y mercancías. El mantenimiento y creación de estaciones en el mundo rural. Estaciones en el centro de las ciudades, accesibles a pie, en bicicleta y en transporte público colectivo, así como a personas con necesidades especiales. La puesta en marcha de plataformas intermodales y logísticas en las cabeceras comarcales. La apuesta por servicios rápidos, sin que necesariamente, se supere una velocidad máxima de 200 km/h. La implantación del billete único en todo el territorio español con validez para el resto de la Unión Europea. La recuperación de todas las circulaciones y paradas eliminadas en los últimos años, debido a una injusta aplicación de las Obligaciones de Servicio Público.
