En el juicio por el incendio del convento de las Madres Concepcionistas de Cuenca se ha resuelto este martes 28 de octubre en la Audiencia Provincial de Cuenca con un acuerdo de conformidad entre la defensa y las acusaciones en el que el acusado ha sido condenado a cinco años y tres meses de prisión que cumplirá en régimen de internamiento psiquiátrico, así como al pago de las costas judiciales y la indemnización de 211.145 euros a la orden de la Inmaculada Concepción por los daños causados al edificio según ha confirmado a Voces de Cuenca José María Fernández Abril, abogado de la fundación Abogados Católicos que se presentaba como acusación popular.
A priori, la acusación popular solicitaba para el acusado una pena de quince años de prisión, mientras que la acusación pública a través de la Fiscalía exigía una pena de ocho años de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, así como medidas de internamiento para tratamiento médico o educación especial en un centro especializado y el internamiento en un centro de deshabituación tiempo no superior a 15 años.
Para conseguir una rebaja de las peticiones iniciales de pena, sendas acusaciones y la defensa han llegado a un acuerdo de conformidad en el que el acusado deberá permanecer cinco años de prisión por un delito de incendio con peligro para las personas, a los que se suman tres meses más de cárcel por un delito de daños contra un bien de interés cultural y monumental. El acusado cumplirá la condena en el hospital psiquiátrico penitenciario desde el que ha declarado hoy por vídeoconferencia y en el que permanecía ingresado en régimen de prisión preventiva.
Fernández Abril ha explicado a este medio de comunicación que, aunque inicialmente solicitaron una pena más alta por considerar que el acusado era «plenamente consciente de sus actos», lo importante era asegurar la seguridad pública y la rehabilitación del responsable. Además, señaló que las religiosas afectadas no ejercieron acusación porque no querían perjudicar al condenado y se mostraron interesadas únicamente en que se garantizara la indemnización por los daños sufridos algo que asegura, «hemos conseguido hoy». Referente al pago de dicha cuantía, el letrado ha dicho ser conocedor de la situación de vulnerabilidad económica del acusado, por lo que será el Estado quien asuma dicho pago.
Así José María Fernández Abril ha señalado que el acuerdo con la Fiscalía y la defensa «era muy lógico y bien fundado en derecho» y ha destacado que las medidas tomadas en la resolución buscan «apartar al acusado de la calle, proteger a terceros y garantizar que reciba la asistencia psiquiátrica necesaria para su recuperación», ha concluido.
