Con el inicio inminente del curso político en septiembre el Gobierno regional plantea la aprobación de los Presupuestos Autonómicos para 2026, impulsar la reforma del sistema de financiación autonómica y avanzar en la tramitación parlamentaria del nuevo Estatuto de Autonomía como los tres grandes retos para el año. Así lo ha afirmado el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, en Cuenca.
En cuanto a las cuentas regionales, Martínez Guijarro ha mostrado su confianza en que se aprueben en lo que resta de 2025 y entren en vigor el 1 de enero de 2026. Para ello, durante el próximo Consejo de Gobierno se abordará el techo de gasto que planteará la Consejería de Hacienda y que se debatirá en las Cortes en septiembre. A partir de ahí, ha explicado el vicepresidente, se elaborarán unos presupuestos «centrados en el mantenimiento de los servicios públicos, la mejora de infraestructuras y el apoyo a proyectos empresariales que generen actividad y empleo». De este modo, Guijarro ha celebrado que Castilla-La Mancha es «de las pocas administraciones que podemos decir con cierta seguridad que antes de que termine el año, tendremos presupuestos en la comunidad autónoma», sentenciaba.
Respecto al cambio de modelo en la financiación autonómica, el vicepresidente primero ha reclamado “abordar de una vez por todas” la reforma del modelo, que considera “caducado” y que, ha advertido, condiciona el sostenimiento de los servicios en una región marcada por la despoblación. En este sentido Guijarro se ha referido a pequeños municipios que ven multiplicada por veinte su población en épocas del año y que deben dimensionar costosas infraestructuras para garantizar el abastecimiento. A la hora de conducir este debate, Martínez Guijarro ha pedido que se dialogue «con la máxima serenidad posible», algo «complicado» en el clima político actual, aseguraba.
El tercer gran objetivo pasa por la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Guijarro ha referido que tras la discusión en la Cámara Baja de esta norma, que se consensuó con el Partido Popular regional, podrían «ampliar todavía un poco más las capacidades de autogobierno que tiene la comunidad autónoma».
