Ante la noticia de la reubicación de casi 700 menores no acompañados (MENAS) en diferentes centros de Castilla-La Mancha, procedentes de los sistemas de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla, el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, ha mostrado la disposición de la región a colaborar, pero ha subrayado que esta labor requiere financiación suficiente por parte del Gobierno de España.
A pesar de haberse posicionado la región como una de las voces más críticas a nivel nacional ante esta medida impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia, Martínez Guijarro ha recordado que Castilla-La Mancha «siempre ha sido una comunidad solidaria en cuestiones interterritoriales». En este sentido, el vicepresidente ha señalado que su principal competencia «es la atención de los menores en situación de riesgo o desamparo dentro del territorio». Por ello, Martínez Guijarro ha destacado que aunque Castilla-La Mancha está dispuesta a colaborar «para resolver un problema que tenemos como país», la solución «no puede ser a costa de los presupuestos de la comunidad», afirmaba.
La cuestión de la financiación es «la principal discrepancia», según destacaba el vicepresidente, quien criticaba que los 100 millones de euros destinados por el Estado para atender a estos menores resultan «escasísimos» para cubrir todas las necesidades de atención integral. A pesar de ello, ha asegurado que la Junta cumplirá la ley y estudiará el decreto aprobado por el Gobierno central, aunque ha señalado que podría plantearse devolver la aplicación del mismo «si no se garantiza su correcta financiación».
Martínez Guijarro ha apelado también a un acuerdo nacional sobre este asunto, señalando que «la responsabilidad no es solo del Gobierno de España, también del principal partido de la oposición». El vicepresidente también ha defendido la necesidad de establecer un sistema de distribución y financiación que permita atender a los menores entre todas las comunidades autónomas.
En este sentido Guijarro ha destacado el «planteamiento solidario» que, asegura, ha demostrado la región para atender cuestiones similares. El vicepresidente ha recordado que cada vez que ha habido plazas disponibles «se han puesto a disposición del sistema». Sin embargo y en este caso, Guijarro ha expuesto que «la comunidad no tiene 600 plazas para atender a los niños que van a traer» y que no considera «justo» que los ciudadanos de Castilla-La Mancha «tengan que pagar con sus impuestos la atención de esos menores» cuando, asegura, «es una responsabilidad estatal» porque desde la región se pretende darles cabida «con las máximas garantías a la hora de prestarles todo tipo de servicios» y, asegura, «eso lo tiene que financiar el Estado».
