La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de la Función Pública en Castilla-La Mancha, ha rechazado la Oferta de Empleo Público (OPE) 2025 de personal laboral de la Administración General de la comunidad autónoma, que ha sido presentada esta mañana por la Junta de Comunidades. Entre los motivos de la negativa, CSIF apunta que la oferta «destruye empleo público y no contempla una tasa adicional para la jubilación parcial anticipada».
Según apuntan desde el sindicato, el que la Administración haya incluido las plazas de promoción interna dentro de la tasa de reposición supone en la práctica «una pérdida de nuevos puestos de trabajo». La promoción interna, recuerdan desde CSIC, es un sistema de provisión de puestos que permite a los empleados públicos ascender a un cuerpo o escala superior, por lo que «no aumenta el número total de empleados públicos». Así, señalan «no debería estar sujeta a la tasa de reposición, la promoción interna no es nuevo ingreso, sino un cambio interno dentro de la misma plantilla».
Para CSIF, este punto es especialmente controvertido «teniendo en cuenta la necesidad de personal laboral que tienen los servicios públicos de la región», señalan. La OPE que pretende sacar adelante el Gobierno regional comprende un total de 476 plazas -365 en turno libre, 28 de personas con discapacidad y 83 de promoción interna-.
Otro de los motivos por lo que CSIF ha mostrado su negativa se ha debido a que, comentan «esta OPE no refleja una tasa adicional vinculada a la jubilación parcial». En este sentido, el presidente del Sector de Administración General de la comunidad autónoma, Joaquín Sánchez, ha señalado que “ha sido una oportunidad perdida para reforzar plantillas y garantizar el relevo generacional» porque, asegura «la Junta ha señalado que en el futuro llevará a cabo una convocatoria extraordinaria, pero no vivimos de promesas, debería haber incluido esta tasa adicional en la OPE 2025».
Por ello, desde CSIF advierten del «enorme problema» que existe en el acceso a la jubilación parcial anticipada que «llevaba años aplicándose con normalidad entre el personal laboral». La nueva regulación estatal (Real Decreto-Ley 11/2024) detuvo la continuidad de este derecho ya que el convenio colectivo permite la jubilación parcial con contrato de relevo temporal y parcial, pero la normativa nacional exige un contrato indefinido y a jornada completa, lo que «solo se puede realizar mediante un proceso selectivo público», destacan.
Así, «hay numerosos empleados públicos de la región que no están pudiendo acceder a la jubilación parcial anticipada debido a este grave problema». Para solventar esta situación «provocada por las organizaciones sindicales de clase que avalaron con su firma esta reforma», apuntan, «se pueden convocar OPES con una tasa adicional de empleo público», algo que lamentan, «no ha hecho este Gobierno regional», concluye Sánchez.
