Según ha anunciado el Partido Socialista, el próximo 24 de marzo, el alcalde de Cuenca, Francisco Javier Pulido, tendrá que declarar como imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa, después de que el Juzgado de Instrucción Número 4 de Cuenca haya admitido a trámite (ver descargar) la querella presentada por el GMS tras la modificación de la operación de crédito suscrita con Caja Madrid para la construcción de los edificios UGT, CCOO y CEOE-Cepyme. Según la nota, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Inmaculada Cruz, ha calificado este asunto de “extremadamente grave” y ha anunciado que, de ser declarado culpable, Pulido se enfrenta a una pena de inhabilitación especial para cargo público de entre 7 y 10 años, según el artículo 404 del Código Penal. Según informa ABC.es citando a la agencia EFE, el alcalde Francisco Pulido no está preocupado por la admisión a trámite de la querella aunque ha aprovechado para acusar al PSOE de "judicializar la política". En su opinión estamos ante "un procedimiento administrativo únicamente y lo que el juez está planteando es si ha podido haber algún error de procedimiento administrativo, y esto es lo que tendrá que determinar en los próximos días" y en esta línea considera el alcalde sostiene que "creemos que las cosas están hechas conforme a derecho" aunque "la última palabra la tendrá el juez". A Pulido, le hubera gustado también que los concejales del PSOE hubieran explicado "que el juez ha considerado que no hay ninguna responsabilidad" de su jefa de gabinete, Lourdes López, en relación a unos presuntos insultos que se vertieron sobre el edil socialista Andrés Vieco. "El juez ha determinado que no hay causa en la denuncia planteada por Andrés Vieco contra Lourdes López", ha añadido el regidor, en relación a un auto judicial que decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta contra su jefa de gabinete. Cruz ha recordado que, el 21 de abril de 2008, se aprobaron las bases y el pliego de condiciones de una operación de crédito de 5 millones de euros para la construcción de las nuevas sedes de CC.OO., UGT y CEOE-Cepyme, con un periodo de amortización de 2 años. El 20 de mayo se constituyó la Mesa de Contratación, a la que se presentan 6 entidades bancarias. Finalmente, el 23 de junio se aprobó la adjudicación definitiva a Caja Madrid, por considerarse que era la mejor oferta. No obstante, el 23 de junio de 2008, el concejal de Hacienda, Javier Ruiz, llevó a la Comisión de Hacienda, fuera del orden del orden del día, una modificación del préstamo suscrito apenas tres meses antes para ampliar el periodo de amortización de 2 a 20 años. Según la edil del PSOE, hasta el momento en que se introduce esta modificación, "el voto del Grupo Municipal Socialista había sido a favor, pues entendíamos que era necesario suscribir esta operación para cumplir el convenio suscrito con el Ministerio de Trabajo y que el procedimiento se estaba llevando a cabo adecuadamente”. Cruz explicó que “fue a partir de esta modificación cuando el Grupo Municipal Socialista advirtió de que se estaba cometiendo una irregularidad porque las condiciones de la operación de crédito cambian sustancialmente, vulnerando el artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Público”. Además, los socialistas advirtieron que se dicha modificación carecía de informes que justificara la decisión, al tiempo que llamaron la atención sobre el parentesco del director de al entidad adjudicataria con la concejala de Personal, Alejandra Barambio, pues resultaron ser cuñados. La portavoz del Grupo Municipal Socialista insistió en que “el Grupo Municipal Socialista intentó, por diversas vías, advertir del alcalde”. Para ello, además de los sucesivos requerimientos en Pleno, se presentó un recurso de reposición en el que se pedía que se revocara el acuerdo y un escrito instando al Equipo de Gobierno del PP a solicitar dictamen al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Cruz también recordó que, el 6 de marzo de 2009, unos días después de que el alcalde firmara el contrato de la modificación de crédito con la entidad Caja Madrid, la Intervención Municipal emitió un informe en contra que Pulido decidió salvar mediante un decreto. Por todo ello, insistió en que Pulido “actuó a sabiendas, a pesar de las continuas llamadas de atención del Grupo Municipal Socialista y de los técnicos municipales”. En consecuencia, afirmó que “ahora tendrá que sentarse en el banquillo, como imputado, y dar explicaciones de por qué lo hizo”. La concejala socialista insistió en la gravedad del asunto y observó que esta situación “es una muestra más de las formas que tiene el PP de hacer las cosas: con oscurantismo, falta de transparencia, con familiares de por medio, a decretazos, obviando a la oposición y a los técnicos municipales y sin encomendarse a nadie”. Según Cruz, tras la declaración de Pulido, el Juzgado deberá dictar un auto decidiendo si se archiva o abre procedimiento penal abreviado. En este último caso se celebraría el pertinente juicio penal. Finalmente, pidió conocer la opinión de la presidente regional del PP, María Dolores de Cospedal, y la presidenta provincial y viceportavoz en el Ayuntamiento de Cuenca, María Ángeles García, sobre este asunto, pues “según el Código de Buenas Prácticas del PP, recientemente aprobado y puesto como ejemplo de transparencia ante los ciudadanos, Pulido está obligado a comunicar la apertura de este procedimiento judicial a su partido y a poner su cargo a disposición del mismo”. |