Tal y como se había adelantado, el Ministerio de Economía ha procedido a ratificar las sanciones que había propuesto el Banco de España para 19 altos directivos de la antigua CCM por lo que entiende fueron "faltas muy graves" en la gestión de la entidad.
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Al frente de estas sanciones se encuentran el ex presidente, Juan Pedro Hernández Moltó y el ex director general de CCM Ildefonso Ortega (ambos en las fotografías adjuntas) para los que el Banco de España propuso una inhabilitación de cinco años para desempeñar cargos públicos y sendas sanciones de 155.000 y 150.000 euros respectivmente.
Las sanciones se extienden a otros 17 directivos de la entidad financiera y la suma de las sanciones propuestas para todos ellos asciende a 1.085.000 euros. El Banco de España abrió en abril un expediente sancionador dirigido a los ex consejeros que formaron parte del consejo de administración de Caja Castilla La Mancha (CCM) entre los años 2005 y 2008, y lo justificó en la "deficiente gestión" que llevaron a cabo al fretne de la entidad y que obligó, a la postre, a la intervención del Banco de España.
Además de las sanciones a Moltó y Ortega, según apuntaba hoy El País , las cantidades propuestas irían desde los 5.000 euros impuestos a Carlos Cotillas (alcalde de Tomelloso, PP) a 100.000 euros de Tomás Martín Peñato, quien fuera anteriormente presidente de CCM. El vicepresidente, Federico Rodríguez Morata, se enfrenta a 90.000 euros y el representante de los trabajadores, Carlos Jiménez (UGT), a 80.000.
Una vez confirmadas las sanciones, los afectados las pueden recurrir por la vía contensioso-administrativa. Además, un grupo de consejeros prepara acciones penales contra Ildefonso Ortega por maquillaje contable.
Recursos. De hecho, según informan ya varios medios digitales citando Efe consejeros consultados por esta agencia, aunque no se ha faciltiado sus nombres, han anunciado que presentarán un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional por entender que las sanciones tienen una base "política y no jurídica". Los ex-consejeros lamentan que nadie les defienda y dicen que se les ha utilizado como "conejillos de indias" y "chivos expiatorios" de quienes han "falseado" los datos de la entidad.
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