Izquierda Unida asegura en una nota de prensa que  el "equipo de Gobierno del PP del Ayuntamiento de Cuenca, ha iniciado una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Cuenca, que pretende introducir los usos hoteleros y hosteleros en el suelo no urbanizable de especial protección, usos que actualmente están prohibidos en esa clase de suelo, entre el que se encuentra el correspondiente a las Hoces de Cuenca".

La coalición izquierdista califica "un grave error esta propuesta" y por ello anuncia que presentará una alegación  "ya que no es necesario desde ningún punto de vista autorizar esos nuevos usos, sobre todo en las Hoces". Además, entiende que supone una clara amenaza para la correcta conservación de la riqueza ecológica y paisajística de las mismas.

"Con los establecimientos de ese tipo existentes desde antes de aprobarse el vigente Plan General de Ordenación Urbana, es suficiente para atender la demanda de este tipo de servicios y no es para nada necesario introducir la posibilidad de nuevos establecimientos", indica.

Izquierda Unida teme que esta iniciativa del Equipo de Gobierno del PP, "esté relacionada con unas obras ilegales en la Hoz del Huécar, que pretendían la instalación de un restaurante. Las mencionadas obras han sido motivo de expediente de disciplina urbanística por no estar amparadas en licencia alguna, en las que ha existido una actitud pasiva del Ayuntamiento, con desobediencias reiteradas del cumplimiento de la orden de suspensión, haciendo incluso necesaria la existencia de una sentencia judicial promovida por un particular para que se precintaran las obras ilegales".

En la nota de prensa se agrega que se trata de "obras que se pretendían legalizar por el Ayuntamiento con informes que trataban de "camuflar" la actividad hostelera pretendida, en “espacio cultural con servicio de restaurante”, y que finalmente no han podido ser legalizadas al denegar la Comisión Regional de Urbanismo la calificación urbanística, precisamente, por no estar autorizado el uso hostelero.

A juicio de esta formación es "realmente preocupante, que ante una actuación que puede suponer la comisión de un presunto delito, según el artículo 319.1 del Código Penal, en vez de cumplir con la obligación que tiene el Alcalde de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, se promueva una modificación del Plan General que puede tener precisamente la consecuencia de legalizar unas obras realizadas mediante un posible hecho delictivo".

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