Una de las cosas que más me llamó la atención en mi etapa de concejal fue la manera de tomar algunas de las decisiones más importantes para la ciudad. Para que se hagan ustedes una idea, les diré que la ubicación de la estación del AVE en las afueras de la ciudad jamás pasó por comisión o pleno municipal alguno. Vamos, que se negoció en una reunión celebrada en Madrid entre Cenzano, Cordente, y miembros del entonces GIF, hoy ADIF. Tengo unos informes del secretario accidental del ayuntamiento donde se reconoce que esto fue así como se lo cuento.

 

Tampoco se discutió en foro oficial (comisión o pleno) el esperpéntico bosque de acero inacabado de Moneo, aunque sí tuvieron la delicadeza de mostrar a la oposición los planos y la maqueta, pero fue en el Consejo Social de la ciudad, porque nunca se votó la idoneidad de esa operación urbanística de más de 7 millones de euros.

 

En las comisiones de urbanismo, entonces presididas por la concejala Elena Carrasco, se solía opinar y votar sobre asuntos de menor importancia, licencias de obra habitualmente, sustrayendo al debate los asuntos urbanísticos de mayor trascendencia.

 

En una de aquellas comisiones se presentó el proyecto del edificio que cierra la plaza de la Constitución haciendo esquina con Calderón de la Barca, poniendo el colofón al destrozo cometido con la Carretería y aledaños. Cuando aún no se habían iniciado las obras, la empresa promotora solicitó un aumento de edificabilidad (elevar una planta más) porque decían que habían alcanzado un acuerdo con la cadena de tiendas Zara para instalar una de ellas en sus bajos, y como los de Inditex pedían una cierta altura de techumbres, los promotores iban a perder superficie destinado a viviendas. Y, dado que era bueno para la ciudad que Zara se ubicara en Cuenca, con la consiguiente creación de puestos de trabajo, solicitaron al ayuntamiento que les permitiera elevar una planta más.

 

Creo que con buen criterio pedí a la concejala Carrasco que nos enseñara el acuerdo que los promotores decían haber firmado con Zara. Nadie me lo enseñó y, como solía suceder entonces, aquello salió adelante con los votos del entonces mayoritario grupo socialista.

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¿Han visto ustedes la tienda de Zara? Yo tampoco. Donde debiera haber estado se hallan hoy la oficina de recaudación municipal y, por supuesto, el edificio tiene una altura más de pisos de alto nivel.

 

La empresa que gestionó aquella trapisonda es la misma a la que Ávila y Valiente han invitado a presentar la solución que el PSOE quiere dar a los terrenos de RENFE-ADIF. Se llama Geidur y es una sociedad limitada a cuyo frente hay dos aparejadores y un perito-tasador. Con estos mimbres se pretende llevar a cabo el proyecto urbanístico más importante de la historia de Cuenca.

 

Geidur SL cuenta, al parecer, con el apoyo de la Junta y la financiación de Banesto, aunque habría que verlo. Últimamente los concursos importantes de Junta y Diputación, ambas del PSOE, están siendo ganados por pequeñas empresas con poco currículo. Una de ellas Trébol 5, cuyo administrador principal es teniente de alcalde del ayuntamiento de Fuentenava de Jábaga, de donde es alcalde José Luis Chamón, vicepresidente de la Diputación, ha ganado recientemente el concurso para urbanizar, por más de 22 millones de euros, los terrenos del terminillo donde se ubicarán el nuevo hospital, el palacio de congresos y otras instalaciones.

 

He podido ver el vídeo que presentaron los responsables de Geidur y, sinceramente me pareció un espertento, por varios motivos pero, fundamentalmente porque su eje es una vía de dos carriles que muere en el centro de la ciudad, sin plantear otras alternativas más modernas y sensatas de transporte público. Además, destinar suelo para construir 1300 nuevas viviendas me parece una tomadura de pelo.

 

Pero el problema fundamental que tiene el proyecto de Geidur, auspiciado por el PSOE, es que el  convenio urbanístico lo tiene firmado el ayuntamiento (lo suscribió Cenzano) con el ADIF. Es decir, mientras no se demuestre lo contrario, es Pulido quien tiene la sartén por el mango por muchos PSI que le hagan desde la Junta.

 

Otra cosa es que, en el contexto de esta feroz disputa, la Junta modifique la ley (la LOTAU) y le birlen al alcalde la capacidad de gestionar las 17 hectáreas.

 

Hay rumores de que esto puede llegar a suceder.

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